Martinez – Wehbe & Asociados representa a mas de quince familias que fueron victimas de una estafa con viviendas prefabricadas. Compartimos la nota de Francisco Panero para La Voz del Interior.

La casa propia suele ser una ilusión que algunos aprovechan como estrategia. Un atributo que hace a la dignidad humana –el hogar– a veces es explotado por inescrupulosos para cometer estafas y dejar a gente sin vivienda y sin los ahorros de años.

Este parece ser el caso de los denunciados por decenas de familias que dicen haber sido estafadas por Corhouse o por Megacasa Constructora, como hacían llamarse quienes llevaban a cabo este emprendimiento con sede en la ciudad de Córdoba.

Quienes aparecen como los responsables de esas firmas que habrían estafado a decenas de personas en lugares de todo el país, apartados de la provincia, acaban de ser imputados por la fiscal de Casos Complejos Valeria Rissi como supuestos autores de estafas.

Si bien en esa fiscalía han sido herméticos en cuanto a detalles del caso, sí confirmaron que están imputados por estafa Francisco César Meilij (23) y su madre, Liliana Esther García (66), cabezas visibles de la firma.

Rissi investigó durante meses la denuncia de numerosos usuarios que se consideraron defraudados y, tras dilucidar la compleja frontera entre “incumplimiento contractual” y “defraudación o estafa”, se inclinó por el segundo extremo.

Quien representa a la gran mayoría de esos clientes es el abogado Justiniano Francisco Martínez Yadarola, quien sí aportó detalles de la presunta operatoria a La Voz. Las primeras presentaciones judiciales fueron realizadas entre mediados de 2018 y comienzos de 2019 y refieren a la contratación que realizaban particulares a partir de ofertas de Viviendas Corhouse a través de una página de Facebook que aún está vigente, aunque con escasa actividad y comentarios que no aparecen visibles.

La primera denunciante contrató en diciembre de 2017 una vivienda prefabricada para un terreno en Santa Cruz por unos 800 mil pesos.

El abogado asegura que la operatoria habitual respondía casi siempre a la misma modalidad. El cliente debía hacer una entrega inicial cercana al 10 por ciento, luego tenía que completar la mitad y unos meses después recibía el flete con la vivienda y allí debía completar la otra mitad del precio. Pero, asegura Martínez Yadarola, muchos se encontraron con la sorpresa de que, para “bajar” la casa, quienes la llevaban les pedían que abonaran 200 mil pesos de flete, algo que no respondía a la contratación.

Si el cliente pagaba, sostiene el abogado, le bajaban los elementos que conformaban la casa, pero si no lo hacía, se exponía a que el camión retornara y a no ver más su vivienda.

Pero si esa entrega se concretaba, el dueño de la casa se encontraba con innumerables dificultades de terminación, que, para solucionarlas, le salían tanto o más caras que el precio de la vivienda. Las viviendas eran un “desastre” o directamente “inhabitables”, sostiene Martínez Yadarola.

Otras personas integran el colectivo de denunciantes como aquellos que ni siquiera recibieron la casa, aun habiendo abonado todos los ítems del contrato.

Los denunciantes se ubican en lugares distantes de las sedes de Corhouse, que tuvo domicilio en Colón 345 y en la actualidad se ubica en 25 de Mayo 271, ambos en la ciudad de Córdoba. Los que fueron a denunciar a la Justicia son oriundos de las provincias de Buenos Aires, de Santa Cruz, de Mendoza, de Salta, de Chubut y de La Pampa, entre otros sitios distantes de Córdoba. También habría en otros lugares del país, como Santiago del Estero y Santa Fe, según trascendió de fuentes judiciales.

La denuncia recayó en primer término en la Fiscalía de Delitos Económicos del 1° Turno, pero luego fue remitida a la Fiscalía de Casos Complejos de Rissi.

La imputación recae sobre Meilij y su madre, si bien había otras personas involucradas en cobros y en otros trámites, que no tendrían el mismo nivel de responsabilidad.

Martínez Yadarola sostiene que se confirmó que no se trataba de un incumplimiento contractual, porque se demostró que “vendían las viviendas sabiendo que no iban a cumplir con la entrega”. Agregó que los responsables de la firma exhibían “solvencia e infraestructura que no tenían”.

La iniciadora

Daniela Rodríguez es la clienta de Santa Cruz que contrató su casa vía internet para ponerla en un terreno en la ciudad de Perito Moreno (o Lago Buenos Aires). Ella no aceptó que le bajaran la casa que no respondía a lo que había contratado y mucho menos que le cobraran el flete que no debía pagar y salía mucho más caro que los precios de traslados de plaza.

Además, ella es la persona que imaginó que lo que le estaba sucediendo les ocurría a varios más, por lo que se decidió a rastrear y procurar unir a clientes que estaban dispersos por todo el país con simples reclamos a defensores del consumidor que quedaban como “la palabra de uno contra el otro” o un “malentendido”.

“Me decidí a meterlos presos para que dejaran de estafar y que esto no quedara como algo aislado, que alguien no se dio cuenta de que no era eso lo que contrataba”, señala Rodríguez desde el extremo sur del continente, en el pueblo ubicado junto al inmenso lago Buenos Aires. Daniela pagó el 60 por ciento de la vivienda, entre la mitad del precio y la seña.

Cuando advirtió que no cumplían con los términos del contrato, no aceptó más dilaciones ni ajustarse a condiciones ante la “desesperación” por tener la casa, como hicieron otros. “Acá hubo gente que perdió la salud, sus ahorros, que se divorció, que tuvo que irse a vivir a cualquier lado. En mi caso, me costó la bronca, pero me decidí a verlos presos para que dejaran de estafar. Por eso contacté a (el abogado) Justiniano” Martínez Yadarola. Según su cuaderno de notas, hay al menos 40 familias en situación similar a la que sufrieron ella y su marido.

“Una casa pelada”

Desde el otro extremo del país, Salta, habló con La Voz Verónica Baz, una pampeana que se casó con un salteño y se fue a vivir a “la Linda”. A ella le cobraron toda la casa y se la llevaron “por sorpresa”, sin avisarle, según aseguró. Agregó que estuvieron con el camión cargado un día frente al terreno, sin querer mostrarle lo que tenía. Aceptó bajar lo que le trajeron, en un camión y no dos, como habían prometido, pero le cobraron muchas veces más lo que salía el flete, asegura.

Cuando vio lo que bajaban, se dio cuenta de que no traían los pisos, sólo dos cajas de grifería, sanitarios que no había contratado y otras deficiencias. Dice que jamás le reconocieron las aberturas que debió comprar y otros “adicionales” que no estaban en el contrato. Según su relato, pagó en su momento por los obreros que llegaron, pero Meilij luego le dijo que tenía que volver a pagarlos –si no, se volvían– y hacerse cargo de la estadía.

“Después, se fueron y me dejaron con una ‘casa pelada’ y jamás pude reclamar nada, porque nunca más me atendieron el teléfono”, relata Verónica.

Este medio se contactó el viernes último con un abogado que asesora a los imputados Meilij y García, pero el letrado más tarde respondió que ambos están sorprendidos por “esta situación” y que decidieron no hacer declaraciones por el momento.

 

Fuente digital: https://www.lavoz.com.ar/sucesos/imputan-estafas-a-empresarios-de-casas-prefabricadas#_=_

Autor: Francisco Panero